En el ámbito laboral, la videovigilancia se ha convertido en una herramienta comúnmente utilizada por los empleadores que permite garantizar la seguridad de las instalaciones, proteger la propiedad intelectual y física de la empresa, y supervisar el cumplimiento de las obligaciones laborales a cargo de los trabajadores.
Sin embargo, la utilización de sistemas de videovigilancia en el lugar de trabajo debe realizarse respetando el derecho a la privacidad de los empleados y siempre de conformidad con la normativa de protección de datos vigente.
En España, el marco normativo que regula estas prácticas incluye el Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 (RGPD), la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales (LOPDGDD), así como la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo en materia de derechos fundamentales de los trabajadores. Es importante, también, la observancia de las guías publicadas por la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), organismo público encargado de velar por el cumplimiento de la normativa en materia de protección de datos en España.
La videovigilancia en el trabajo no puede ser ilimitada y debe sujetarse a principios de proporcionalidad, necesidad y minimización de datos, asegurando que se respeten los derechos fundamentales de los trabajadores y se proteja su dignidad en el entorno laboral.
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Nuestro compañero Fernando Sánchez Ferrándiz, responsable del Departamento Procesal de Sebastiá Abogados y Economistas analiza esta cuestión en un artículo publicado en el nuevo número en papel de la Revista Economist & Jurist.
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