Compliance y norma UNE 19601

24Jun

Compliance y norma UNE 19601

La Ley Orgánica 5/2010 de 22 de junio, que reforma del Código Penal Español en materia de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, ha cambiado por completo el derecho penal empresarial desde la aprobación del Código Penal de 1995.

 

Esta modificación ha consistido en la eliminación de nuestro ordenamiento jurídico penal del principio “societas delinquere non potest”, según el cual una persona jurídica no podía cometer delitos. La nueva reforma convierte a las personas jurídicas en sujetos directos e inmediatos del derecho penal susceptibles de cometer delitos, y por tanto de ser condenados por ello, independientemente de la responsabilidad de las personas físicas que la conforman y de su responsabilidad penal. Es por ello que tras la mencionada reforma, las personas jurídicas pueden ser condenadas con penas que van desde cuantiosas multas a la disolución de la persona jurídica. Son responsables por los delitos cometidos tanto por sus representantes legales (administradores, apoderados y empleados y colaboradores), como por sus trabajadores siempre y cuando no se haya ejercido sobre ellos el debido control y el delito se haya cometido en interés directo e indirecto de la persona jurídica.

 

La reciente reforma del Código Penal, en vigor desde el 15 de julio de 2015, establece en su artículo 31 bis, entre otros aspectos, que dicha responsabilidad penal puede quedar exenta si el órgano de administración ha adoptado y ejecutado con eficacia, antes de la comisión del delito, modelos de organización y gestión que incluyen las medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir delitos de la misma naturaleza o para reducir de forma significativa el riesgo de su comisión.

 

Ante esta situación jurídico penal de la persona jurídica hoy en día, sólo hay una forma de exención o atenuación de la pena en el caso de la comisión de un hecho tipificado como delito, y es demostrar que la empresa ha adoptado las medidas necesarias para el control y evitación del mismo, mediante la implantación de un Programa de Prevención de Riesgos Penales, y demostrando que el delito que se ha cometido no ha sido debido a la inexistencia de este y del deber de diligencia de la propia persona jurídica.

 

Tras los trabajos por parte de expertos en la materia (compliance penal), la Asociación Española de Normalización (UNE), ha publicado el jueves 18 de mayo la Norma española UNE 19601 Sistemas de gestión de compliance penal. Norma que sienta las bases, criterios y objetivos para establecer los requisitos que debe cumplir un Programa de Prevención de Riesgos Penales y los sistemas de gestión del mismo en una empresa y además permite evaluar la eficiencia del mismo, obteniendo un certificación externo e independiente, que permitirá a la organización dar publicidad de su implantación y que el mismo cumple con todos los requisitos necesarios para su máxima eficiencia y el despliegue de todos sus efectos.

 

• Establece los requisitos para implantar un sistema de gestión de compliance penal con el objetivo de prevenir la comisión de delitos y reducir el riesgo penal en las organizaciones y con ello, favorecer una cultura ética y de cumplimiento.

 

• Las organizaciones que implanten correctamente este modelo estandarizado pueden llegar a ver atenuada su responsabilidad penal o incluso ser eximidas, al demostrar la debida diligencia y las mejores prácticas a la hora de prevenir y detectar la comisión de delitos en su seno.

 

• La UNE 19601, elaborada con la participación y el consenso de destacados expertos representativos de la abogacía y de los diferentes grupos de interés del ámbito del compliance penal, será certificable por una tercera parte independiente.

 

Es decir se trata de una norma que establece los requisitos para implantar, mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión de compliance penal en las organizaciones con el objetivo de prevenir la comisión de delitos en su seno y reducir el riesgo penal, a través del impulso de una cultura ética y de cumplimiento, posibilitando, como única vía, la exención o atenuación de la responsabilidad penal.

 

La UNE 19601 no sólo establece los requisitos anteriormente comentados sino que va más allá, incorporando las buenas prácticas en materia de compliance, mundialmente aceptadas. Así las organizaciones deben:

 

• Identificar, analizar y evaluar los riesgos penales.

 

• Disponer de recursos financieros, adecuados y suficientes para conseguir los objetivos del modelo.

 

• Usar procedimientos para la puesta en conocimiento de las conductas potencialmente delictivas.

 

• Adoptar acciones disciplinarias si se producen incumplimientos de los elementos del sistema de gestión.

 

• Supervisar el sistema por parte del órgano de compliance penal.

 

• Crear una cultura en la que se integren la política y el sistema de gestión de compliance.

 

El sistema que establece la UNE 19601 presenta la denominada estructura de Alto Nivel, común a todas las normas internacionales ISO de sistemas de gestión, con lo que es integrable en otros sistemas de gestión; por ejemplo, en los descritos en la Norma UNE-ISO 19600 Sistemas de gestión de compliance directrices o en la UNE-ISO 37001.

 

Además se trata de una norma certificable por una tercera parte independiente, siendo un modo de asegurar que el sistema de gestión de prevención de delitos penales se aplica eficazmente. La Circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado sobre la reforma del Código Penal considera que las certificaciones podrán ser valoradas como un elemento adicional de la eficacia de los modelos a la hora de eximir de responsabilidad penal a las personas jurídicas que hayan implantado modelos para la prevención de delitos. Además esta norma puede ser utilizada por jurisdicciones distintas a la española y por organizaciones extranjeras.

 

Finalmente, esta norma es de aplicación a todas las personas jurídicas, es decir todo tipo de organizaciones, independientemente de su clase, tamaño, naturaleza o actividad y del sector al que pertenezca (privado, público, con o sin ánimo de lucro). Pues el código penal no hace ninguna mención a la clase o tipo de persona jurídica, naturaleza o actividad, lo que significa que cualquier persona jurídica puede ser responsable penalmente por la comisión de hechos delictivos.

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