Javier García Jiménez, Responsable del Departamento Financiero y Auditoría | Economista en Sebastiá Abogados y Economistas, analiza quién está obligado a auditarse en España

(umbrales del art. 263 LSC y NIA-ES aplicables), las excepciones y sanciones por incumplimiento, y por qué la auditoría voluntaria mejora financiación, credibilidad y control interno en pymes.

En un entorno empresarial en constante evolución, la auditoría se consolida como una herramienta clave para garantizar la transparencia y fiabilidad de la información financiera. Sin embargo, no todas las entidades están sujetas a la obligación legal de auditarse. Este artículo analiza los requisitos legales, excepciones y beneficios asociados a la auditoría de cuentas, conforme al marco normativo vigente en España.

La importancia de la auditoría

La auditoría de cuentas es el proceso mediante el cual un auditor independiente examina los estados financieros de una entidad para emitir una opinión técnica sobre si estos reflejan la imagen fiel de su patrimonio, situación financiera, resultados y flujos de efectivo, de acuerdo con el marco de información financiera aplicable.

Este proceso aporta confianza a terceros (inversores, entidades financieras, administraciones públicas, etc.) y promueve el cumplimiento de las obligaciones contables y fiscales.

¿Qué es una auditoría financiera?

La auditoría financiera es una revisión sistemática y documentada de los estados financieros, realizada conforme a las Normas Internacionales de Auditoría (NIA-ES). El auditor emite un informe en el que expresa una opinión basada en la evidencia obtenida, y no una garantía absoluta. En España, el marco contable habitual es el Plan General de Contabilidad (PGC), salvo en casos donde se apliquen las NIIF.

Marco legal: ¿Quién está obligado a auditarse?

Normativa aplicable en España

La Ley 22/2015, de Auditoría de Cuentas, y su desarrollo mediante el Real Decreto 2/2021, regulan el ejercicio de la actividad auditora en España. Adicionalmente, las sociedades mercantiles están sujetas a lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital (LSC).

Según el artículo 263.2 de la LSC, están obligadas a auditar sus cuentas anuales las sociedades que durante dos ejercicios consecutivos superen al menos dos de los siguientes límites:

• Total de activos: más de 2.850.000 €
• Importe neto de la cifra de negocios: más de 5.700.000 €
• Número medio de empleados: más de 50

Además, están obligadas a auditarse las siguientes entidades:

• Entidades que formulen cuentas consolidadas
• Empresas que hayan recibido subvenciones o ayudas públicas de administraciones españolas o fondos de la UE por un importe total acumulado superior a 600.000 € durante el ejercicio en que se reciban y los ejercicios en que se realicen las operaciones o ejecuten las inversiones objeto de subvención. 
• Entidades que gestionen fondos públicos o realicen actividades de interés público
• Entidades de interés público (EIP), conforme al artículo 3.5 de la Ley 22/2015 de Auditoría de Cuentas.
• Algunas entidades que deben auditar por su tipo de actividad: 
  • Fundaciones que superen determinados límites (activo > 2.400.000, ingresos 2.400.000 € > 50 trabajadores) durante dos años consecutivos
  • Cooperativas en determinados supuestos
  • Sociedades anónimas deportivas
• Cualquier tipo de entidad, sea cual sea su volumen, a petición de socios minoritarios (5% capital) ante Registro Mercantil. 

Empresas no obligadas

Las entidades que no superan los umbrales anteriores están exentas de auditarse, salvo que alguna norma sectorial, contractual o administrativa lo imponga. En todo caso, muchas empresas optan por una auditoría voluntaria.

Auditoría voluntaria: una estrategia recomendable

Muchas pymes, aun sin obligación legal, deciden someterse a auditoría. Esto puede suponer una ventaja competitiva:

• Mayor transparencia: Mejora la credibilidad ante inversores y financiadores.
• Mejoras en el control interno: Permite detectar errores o deficiencias.
• Cumplimiento de requisitos contractuales o sectoriales
• Beneficios fiscales indirectos por mayor rigor contable

Excepciones y casos especiales

Las siguientes entidades no están obligadas, salvo que concurran otras circunstancias:

• Microempresas y pequeñas empresas que no superen los umbrales del art. 263.2 LSC
• Empresarios individuales y sociedades civiles
• Fundaciones y asociaciones, salvo que reciban fondos públicos o estén sujetas a legislación autonómica específica
• Comunidades de bienes, cooperativas pequeñas, etc.

Marco internacional

Las Normas Internacionales de Auditoría (NIA) emitidas por la IFAC y adoptadas en España por el ICAC regulan los principios y procedimientos a seguir en una auditoría.

Las empresas que operan internacionalmente deben adaptarse también a:

• Requisitos del país en que cotizan o consolidan
• Normativa internacional como las NIIF o el Reglamento (UE) 537/2014

Consecuencias del incumplimiento

• No auditarse estando obligado puede acarrear:

  • Sanciones administrativas (ICAC o AEAT)
  • Invalidación de cuentas anuales
  • Imposibilidad de inscripción registral
  • Exclusión de concursos públicos o pérdida de financiación

Conclusión

La auditoría no es solo una obligación legal para ciertas entidades, sino una herramienta estratégica que permite reforzar la gobernanza, la credibilidad y la gestión financiera. En un entorno regulado y competitivo, incluso las empresas exentas deberían considerar su conveniencia como parte de su crecimiento sostenible.

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Francisco Javier García Jiménez

Responsable del Departamento Financiero y Auditoría | Economista